La indemnización por accidente laboral es un derecho de las personas trabajadoras que han sufrido un accidente relacionado con el trabajo que realizan por cuenta ajena. La Ley General de la Seguridad Social regula la definición del accidente de trabajo, su diferencia con las enfermedades profesionales, los tipos de indemnizaciones, los plazos y requisitos para reclamar y el recargo cuando corresponda.
Se entiende como accidente laboral a toda lesión o enfermedad que sufra una persona en relación o como consecuencia de su trabajo. Es decir, debe existir, según la normativa, un nexo causal directo o indirecto. Se incluye también en esta clasificación:
Existen diferentes indemnizaciones por accidentes laborales, dependiendo de las circunstancias concurrentes y el agente responsable de su abono.
Los diferentes tipos de indemnización por accidente laboral se aplican de acuerdo a la gravedad del hecho.
En principio, esta indemnización corresponde a trabajadores integrados en el Régimen General, afiliados y en situación de alta en el momento del hecho. Los empresarios pagan una cuota a la Seguridad Social en concepto de accidentes laborales y enfermedades profesionales, que cubre los siguientes conceptos:
La cobertura se presta desde el momento del accidente e incluye todas las etapas hasta la cura definitiva. Diagnóstico, tratamiento, intervenciones necesarias que incluyen las prótesis y cirugías, así como también el proceso de rehabilitación.
Los trabajadores afectados perciben el 75% de la base imponible a partir del día siguiente a la baja, y ello con independencia de los aportes realizados por el empresario a la Seguridad Social. Este porcentaje puede variar si el colectivo así lo tiene previsto.
El trabajador se encuentra imposibilitado de cumplir con sus tareas al 100 % de su capacidad. Capacidad que se ve reducida debido a afecciones anatómicas o funcionales graves.
En este grupo existe una subdivisión entre permanente parcial con una reducción de capacidad no inferior al 33% e incapacidad permanente total. En esta última, el trabajador queda inhabilitado para la totalidad de sus tareas fundamentales.
Por último, la incapacidad permanente absoluta inhabilita para toda profesión o actividad laboral. En caso de que el trabajador, además, necesite la ayuda de otra persona para realizar tareas esenciales de su vida cotidiana, se considerará en situación de gran invalidez.
En el art 177 de la Ley General de la Seguridad Social se establece una pensión de 6 meses para el cónyuge o pareja de hecho. La cantidad se calcula según base reguladora del mes anterior al fallecimiento del trabajador. En caso de ascendientes dependientes o huérfanos, corresponde un mes.
Esta categoría hace referencia a todas las lesiones que afectan a la integridad física y pueden ocasionar un perjuicio estético o funcional en los trabajadores sin ser necesariamente invalidantes. La indemnización varía según el tipo de daño sufrido y se calcula por baremo. El importe es diferente según la parte del cuerpo lesionada y su funcionalidad según tabla de valores.
El sistema de la Seguridad Social ofrece estas prestaciones básicas, pero los trabajadores cuentan además con otros derechos en materia de accidentes de trabajo.
Tras sufrir la lesión, la persona trabajadora puede solicitar una indemnización por accidente laboral al seguro de responsabilidad civil de la empresa. Estos casos existen para aquellos trabajadores que demuestran que los empresarios omitieron las acciones de seguridad exigidas por ley.
Un concepto poco conocido entre los trabajadores es el de recargo de las prestaciones. Básicamente, se exige al empleador que no cumplió u omitió con las medidas de seguridad e higiene. Las prestaciones se elevan entre un 30 y 50 %, correspondiente su pago al empresario.
Se trata de una compensación extra a las prestaciones de Seguridad Social, responsabilidad del empresario, cuando se demuestra que incumplió las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Todas las cantidades se incrementan a su cuenta y sus destinatarios son empleados accidentados, cónyuges e hijos. La reclamación de recargo es compatible con otras indemnizaciones por accidente de trabajo, como la de responsabilidad civil y la correspondiente por Convenio Colectivo.
El procedimiento para la reclamación de un recargo se puede iniciar de tres maneras diferentes:
Es muy importante saber que los trabajadores accidentados poseen un plazo de 5 años para realizar la reclamación antes de su prescripción.
El trabajador que sufrió la lesión tiene dos vías para presentar una reclamación por accidente de trabajo.
Para el cálculo de la indemnización por accidente laboral se suele tomar el baremo de accidentes de tráfico que incluye las lesiones temporales. La indemnización final será la suma de diferentes conceptos, y suelen varían los importes.
La indemnización por accidente laboral es un derecho que tienen todos los trabajadores por cuenta ajena. También asiste a los autónomos, si bien su campo de aplicación es más reducido. En cualquier caso, es fundamental contar con un buen asesoramiento para realizar las reclamaciones procedentes.
Al hablar de la indemnización por accidente laboral debemos diferenciar las prestaciones públicas de las indemnizaciones privadas. Las primeras las abona la Seguridad Social, mientras que es la empresa o el seguro quien abona las segundas.
Dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, tenemos la incapacidad temporal y la incapacidad permanente. Mientras la primera se refiere a procesos de recuperación inferiores a un año, la segunda se reserva para patologías o dolencias con mayor período de recuperación.
También existen las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes, que son aquellas que cubren menoscabos permanentes que no afectan a la capacidad de trabajo de la persona afectada.
Al margen de estas prestaciones públicas, la persona afectada tiene derecho a exigir una indemnización por accidente laboral a la empresa cuando esta no haya garantizado la seguridad y la salud de su plantilla.
Para calcular la indemnización por enfermedad profesional habrá que tener en cuenta diversos factores:
1. La base de cotización de la persona afectada.
2. El tipo de proceso: si se trata de una incapacidad temporal o una incapacidad permanente.
3. El grado en que haya quedado mermada la capacidad laboral de la persona afectada.
4. La posibilidad de aplicar bonificaciones y recargos a las prestaciones.
5. Y la posibilidad de reclamar una indemnización por enfermedad profesional a la empresa.
Aunque disponemos de diferentes artículos donde explicamos cada una de estas materias en detalle (véase "indemnización por enfermedad profesional"), nuestra recomendación es que contactes con un abogado especializado en enfermedad profesional para realizar este cálculo.
De nuevo, el cálculo de la indemnización por accidente laboral depende de diversos factores:
1. La base de cotización de la persona afectada.
2. El tipo de proceso: si se trata de una incapacidad temporal o una incapacidad permanente.
3. El grado en que haya quedado mermada la capacidad laboral de la persona afectada.
4. La posibilidad de aplicar bonificaciones y recargos a las prestaciones.
5. Y la posibilidad de reclamar una indemnización por accidente laboral a la empresa.
También contamos con un artículo donde explicamos en detalle cómo calcular la indemnización por accidente laboral, pero recomendamos que se consulte lo antes posible con un abogado especializado en la materia.
Como hemos explicado, las indemnizaciones por accidentes laborales prestadas por la Seguridad Social se ofrecerán siempre que se haya modificado la capacidad de trabajo, durante el tiempo de recuperación. Pero solo se podrán reclamar indemnizaciones por accidentes laborales a la empresa si esta ha incumplido sus obligaciones en materia de seguridad e higiene laboral (véase la STS n.º 97/2019).
Estas indemnizaciones, por tanto, son más difíciles de reclamar. Para hacerlo con éxito será necesaria la experiencia de un buen laboralista.
Generalmente, estos profesionales tratarán de conseguir un recargo sobre las prestaciones, que ayudará a acreditar la responsabilidad de la empresa y ya de por sí supondrá un incremento de entre un 30 y un 50 % en las prestaciones públicas. En cualquier caso, insistimos en que es recomendable abordar estos casos con la ayuda de un abogado especializado en Seguridad Social.
